Seis años después del inicio de las investigaciones, el juicio de la llamada ‘Operación Drake’ tendrá lugar en la Audiencia Nacional el próximo mes de mayo, con el objeto de juzgar un presunto fraude del IVA en la compraventa de hidrocarburos, entre los años 2016 y 2019.
Entre los encausados se encuentra Hafesa Energía, empresa que forma parte de uno de los mayores y más importantes grupos empresariales del país en la comercialización y distribución de productos petrolíferos.
Según una información del diario Merca2, pese a los supuestos delitos que se le imputan, Hafesa Energia no ha sido privada de ninguno de los permisos y licencias para operar en el sector. En este contexto la operadora no solo no ha dejado de operar, sino que ha mantenido un ritmo de crecimiento y expansión notable durante estos años.
La información de Merca2 revela que la investigación alberga muchas dudas, sobre todo para las defensas, ya que según fuentes cercanas al caso varios agentes de la UCO que elaboraron los atestados clave en el procedimiento judicial contra diferentes empresas y personas físicas, entre las que se encuentra Hafesa Energía, estarían bajo investigación por crear pruebas falsas y favorecer a empresas rivales del sector de hidrocarburos.
Las consecuencias padecidas por Hafesa Energía no derivan de una actuación institucional de la Unidad Central Operativa (UCO), sino de la conducta aislada y gravemente desviada de determinados miembros concretos de dicha unidad, cuyos vínculos con un grupo criminal empresarial están siendo objeto de investigación formal.
La propia UCO matiza la gravedad de estas circunstancias en un escrito dirigido al JC nº 5 de la Audiencia Nacional en las D.P. 100/2023: ”Estos hechos, de confirmarse, señalarían la alta capacidad corruptora de la que dispone la presunta organización criminal investigada, que cuenta con unos medios y contactos que le han permitido establecer 2 vías de progresión distintas con diferentes resultados e independientes, que habrían de permear la seguridad de la Unidad policial que más investigaciones ha llevado a cabo sobre las organizaciones criminales que operan en el sector de los hidrocarburos -la UCO con el fin de conseguir información que asegurara su actividad criminal.”
Una de las solicitudes viene por parte de los representantes de José Norberto Uzal Tresandí, ex director general de Hafesa Energia durante los años objeto del juicio, y se basan en dos procedimientos judiciales abiertos que apuntan a la existencia de un posible entramado dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Estas solicitudes aseguran que algunos agentes habrían colaborado con empresarios del sector energético para perjudicar a empresas competidoras, como Hafesa Energia, mediante la fabricación de pruebas y el uso instrumental de testigos protegidos. Estas informaciones apuntan a que algunos agentes implicados habrían recibido pagos o dádivas para favorecer a compañías rivales.
En este sentido, los abogados ya han pedido que se oficie a dos juzgados centrales de instrucción —el nº5 y el nº6 de la Audiencia Nacional— para que confirmen si los agentes intervinientes están bajo investigación penal. Asimismo, se ha pedido a la UCO que remita a la Sala los informes del Servicio de Asuntos Internos sobre los agentes implicados.
Además, hasta tres defensas distintas han solicitado que se identifique a la persona que fue reconocida como testigo protegido en julio de 2019, meses después de la intervención policial llevada a cabo en marzo de ese mismo año, y sobre la cual no se ha vuelto a tener noticia seis años después. Este testigo protegido, cuya identidad permanece reservada, podría formar parte de la red de Rodríguez Estepa, según advierten los letrados.
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