El Real Decreto 666/2023, implementado por el Gobierno de España, ha generado una profunda controversia en el ámbito veterinario y entre los propietarios de mascotas en Paterna. Esta normativa, que entró en vigor el 2 de enero de 2025, busca regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Sin embargo, su aplicación ha evidenciado una serie de desafíos que podrían comprometer la salud y el bienestar de los animales de compañía en Paterna.
El Real Decreto introduce varias medidas clave:
Registro obligatorio de prescripciones: Los veterinarios deben registrar cada prescripción de antibióticos en la plataforma PRESVET, gestionada por el Ministerio de Agricultura. Este proceso añade una carga administrativa significativa y puede retrasar la administración de tratamientos urgentes.
Prohibición de venta directa de medicamentos en clínicas: Las clínicas veterinarias ya no pueden dispensar medicamentos directamente a los propietarios. Ahora, tras obtener la receta, los dueños deben acudir a farmacias para adquirir los medicamentos, lo que puede demorar el inicio del tratamiento.
Restricciones en el uso de antibióticos: La normativa establece un protocolo escalonado para la prescripción de antibióticos, priorizando el uso de medicamentos menos potentes y reservando los más específicos para casos justificados mediante cultivos previos. Este enfoque, aunque busca combatir la resistencia antimicrobiana, puede no ser adecuado en situaciones que requieren una intervención inmediata.
Estas disposiciones han tenido repercusiones directas en la práctica veterinaria:
Demoras en tratamientos: La obligatoriedad de registrar cada prescripción y la necesidad de obtener medicamentos en farmacias pueden retrasar el inicio de tratamientos esenciales, especialmente en emergencias.
Aumento de la carga burocrática: Los veterinarios deben dedicar tiempo considerable a tareas administrativas, reduciendo el tiempo disponible para la atención clínica.
Riesgo para animales sin identificación: La ley exige que toda receta incluya el número de microchip del animal, lo que complica la atención de animales callejeros o en proceso de adopción que aún no están identificados oficialmente.
La aplicación estricta de esta normativa ha tenido consecuencias lamentables. Un caso destacado es el de Selva, una perra de raza Jack Russell de nueve años en Galicia. Tras sufrir la mordedura de otro perro, Selva fue atendida en una clínica veterinaria donde, siguiendo el protocolo establecido, se le administró un antibiótico de primera línea y se solicitó un cultivo para determinar la necesidad de un antibiótico más específico. Sin embargo, la espera de los resultados del laboratorio prolongó el inicio del tratamiento adecuado, y Selva falleció debido a una sepsis antes de recibir el antibiótico necesario.
Este trágico incidente pone de manifiesto los riesgos asociados con las demoras en tratamientos críticos derivadas de la nueva normativa.
La comunidad veterinaria ha expresado su preocupación y oposición a ciertos aspectos del Real Decreto:
Manifestaciones y protestas: Más de 2.000 veterinarios y propietarios de mascotas se manifestaron en Barcelona, denunciando que la ley dificulta la dispensación de tratamientos y pone en riesgo la salud animal.
Solicitudes de modificación de la ley: Profesionales del sector han solicitado al Gobierno una revisión de la normativa para garantizar que las regulaciones no interfieran con la capacidad de proporcionar atención médica oportuna y efectiva a los animales.
Aunque el objetivo del Real Decreto 666/2023 es abordar la resistencia a los antibióticos, su implementación en Paterna ha revelado desafíos significativos que afectan la eficiencia y eficacia de la atención veterinaria en España. Es crucial que las autoridades consideren las preocupaciones del sector y evalúen posibles ajustes en la normativa para garantizar que la salud y el bienestar de las mascotas no se vean comprometidos.
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