TÜV SÜD explica cómo adaptarse a la nueva Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). La compañía analiza el impacto inmediato para las empresas españolas y los pasos que deben seguir ante la nueva normativa.
Indica que la inminente tramitación parlamentaria de la nueva Directiva de Sostenibilidad Corporativa “marcará un antes y un después en la forma en la que las empresas españolas gestionan y reportan su desempeño en sostenibilidad”. Esta directiva, que se enmarca en el Pacto Verde Europeo, busca avanzar hacia una economía sostenible y libre de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.
La CSRD amplía el ámbito de aplicación de la anterior Directiva de Información No Financiera (NFRD) y exige a las empresas considerar la “doble materialidad”, lo que implica evaluar tanto el impacto financiero de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, como los efectos de las actividades de la organización en su entorno y la sociedad. Este enfoque asegura que los informes reflejen una visión integral y alineada con las expectativas de inversores y otras partes interesadas.
“La CSRD marca una nueva era en la sostenibilidad empresarial. No es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino una oportunidad para transformar los modelos de negocio, ganar competitividad y responder a las demandas de inversores y consumidores cada vez más concienciados”, destacó Sandra Sancho, directora de sostenibilidad de TÜV SÜD en España.
Las organizaciones afectadas deberán presentar informes conforme a los estándares de reporte desarrollados por el Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG), conocidos como European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
TÜV SÜD identifica cinco desafíos inmediatos para las empresas:
– Aceleración en la recopilación y gestión de datos ESG: las empresas deberán implantar sistemas avanzados para recopilar, analizar y reportar datos sobre su huella de carbono, gestión del agua, derechos laborales y otros indicadores de sostenibilidad.
– Mayor transparencia y exigencia para las cadenas de suministro: la CSRD obligará a las empresas a evaluar el impacto de sus proveedores y socios comerciales.
– Adaptación a nuevas auditorías externas: la obligatoriedad de verificaciones por parte de terceros acreditados supondrá un reto inmediato para las empresas, que deberán garantizar la precisión y consistencia de sus informes.
– Incremento de los riesgos reputacionales y regulatorios: las organizaciones que no se adapten a los nuevos estándares estarán expuestas a sanciones económicas y a un impacto reputacional.
– Acceso a financiación y mercados internacionales: cumplir con la CSRD será esencial para acceder a inversores y mercados que exijan compromisos firmes con la sostenibilidad.
El anteproyecto de ley para la transposición de la CSRD al marco legislativo español establece una implementación escalonada que permitirá que las empresas adapten sus procesos y aseguren el cumplimiento normativo con tiempo suficiente.
– 1 de enero de 2025: empresas de gran tamaño que ya reportaban bajo la NFRD.
– 1 de enero de 2026: grandes empresas que no estaban previamente obligadas a informar.
– 1 de enero de 2027: pymes cotizadas, salvo las que opten por la exención voluntaria hasta 2028.
– 1 de enero de 2028: empresas de terceros países con operaciones significativas en la UE.
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