España, a pesar de ser el primer destino mundial turístico con más de 80 millones de visitantes al año, es uno de los países en los que la ecotasa está menos asentada. Tan solo dos comunidades, Cataluña y Baleares, la aplican. Un gravamen destinado a compensar el coste medioambiental y de mantenimiento de los servicios públicos que supone el gran volumen de recepción de turistas.
Hay quienes consideran que la situación de masificación que viven algunos destinos turísticos españoles precisa de medidas que eviten que uno de los principales motores de la economía nacional pueda acabar muriendo de éxito. Iniciativas como la de Marga Prohens en Baleares, convocando a todos los agentes para un Pacto Social y Político por la Sostenibilidad en las islas es un paso en este sentido y abre una vía para el debate en otras comunidades.
Marga Prohens ha decidido mantener la tasa turística implantada por el anterior Ejecutivo socialista para aliviar el peso que supone para el archipiélago el elevado volumen de visitantes. Al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana al dar el relevo el Gobierno de Ximo Puig del PSOE al popular Carlos Mazón, que se encargó de su eliminación, tal y como figuraba en el pacto de coalición que firmó con Vox. En el caso del Gobierno insular, el Govern de Prohens ya ha anunciado que recuperará en su plenitud el espíritu de la ecotasa y que el dinero irá destinado al medio ambiente, al ciclo del agua y a la reconversión de zonas turísticas maduras.
ZONAS TENSIONADAS
Sumar acaba de registrar una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a establecer una ecotasa turística para el conjunto de España. La formación que lidera Yolanda Díaz plantea en la iniciativa que la experiencia del gravamen por estancias turísticas ya se ha aplicado en España en comunidades como Baleares, y es una medida que debe extenderse a todo el territorio nacional.
“La introducción de tasas sobre estancias turísticas no es ya una opción, sino una necesidad”, señala la proposición, que reclama la aprobación de “un tributo directo de carácter finalista para favorecer el turismo sostenible”, que tenga como sujeto pasivo a “todas las personas físicas que lleven a cabo una estancia en los establecimientos turísticos”. Considera que se debe compensar el coste medioambiental que supone el gran volumen de recepción de turistas, el coste de mantenimiento de los servicios públicos, así como la puesta al día de nuevas infraestructuras, algo que se podría hacer con esta ecotasa.
La tasa turística o ecotasa es un impuesto que también se aplica en otros países. En Europa hay 21 países y cerca de 150 ciudades que han establecido este gravamen. El dinero que se recauda va destinado a proyectos de fomento del turismo sostenible, tanto para rehabilitar los bienes turísticos como para mantenerlos y protegerlos.
En Italia, sus tasas por este concepto son de las más caras del continente, con gravámenes que oscilan entre los 1 y los 5 euros de media, dependiendo de la ciudad. En el caso de Alemania y Holanda también hay ecotasas caras, sobre todo si se quiere viajar a sus capitales. Holanda ha aumentado en el último año este porcentaje de un 5% a un 7% para pernoctar en Ámsterdam, ciudad muy congestionada turísticamente. En un contexto general de aumento de tasas turísticas en Europa, destaca el caso de Francia que en el último año ha aumentado sustancialmente sus impuestos al alojamiento turístico, además de ser el país con mayor número de ciudades con este gravamen.
En España, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza ocupan los tres primeros puestos en carestía de sus tasas turísticas que varían entre los 1 y 4 euros. Les siguen las ciudades catalanas de Barcelona (entre 1,10 y 2,25 euros) y Gerona (entre 0,50 y 2,25 euros).
VISITANTES
España es, en la actualidad, primer destino turístico mundial y, según el Ministerio de Industria y Turismo, la llegada de turistas internacionales en 2023 superó todas las previsiones y alcanzó por primera vez los 85 millones de visitantes extranjeros.
La propuesta de extender la tasa turística, en principio planteada por Sumar, serviría para obtener más recaudación y cuadrar las cuentas municipales, una idea que se abre camino dentro del PP, donde ya nadie habla de eliminarla e incluso la quieren en Andalucía. Ayuntamientos con gobiernos populares como el de Málaga, Sevilla o Córdoba la miran con buenos ojos.
En Baleares, el presupuesto de 2024 del Ejecutivo de Marga Prohens prevé un ingreso récord de 136 millones de euros por el impuesto de turismo sostenible. Desde su puesta en marcha en el año 2016 la comunidad autónoma ha recaudado alrededor de 700 millones de euros. Prohens se ha comprometido esta legislatura a la distribución de los ingresos obtenidos por este impuesto. “Se trata de regresar a la génesis: es decir, que tenga su función finalista”, remarca el director general de turismo balear Josep Aloy.
Para que lo que se recauda vaya destinado a la sostenibilidad turística, el Govern balear ahora se plantea que en todos los establecimientos donde los clientes pagan la ecotasa se instale un código QR que detalle en qué se gasta el dinero del impuesto.
Según un cálculo de los empresarios hoteleros de la Costa del Sol, si se aplicara la ecotasa turística para una familia española de cinco miembros las vacaciones podrían encarecerse unos 140 euros.
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