El juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid ha comunicado hoy su sentencia sobre el caso de la Superliga Europea a LALIGA, que sostiene que en ella no avala dicha competición, en línea con la sentencia del TJUE, e insiste en que este procedimiento no juzga el proyecto abandonado de la Superliga, en la que también tiene en cuenta las modificaciones de la UEFA en su normativa de autorización de competiciones.
Dicha sentencia afirma que “en tanto que la Superliga en los términos inicialmente planteados en la demanda, es decir, conforme el proyecto inicial – en los términos que constan en la demanda- que ha sido abandonado y ya ha sido descartado por las propias impulsoras, los pedimentos en relación con ello deben igualmente decaer”.
En un comunicado de LALIGA, la patronal se reafirma en su defensa de que “el proyecto de la Superliga Europea es un debate que debe producirse en el seno del fútbol europeo, un ecosistema que ya hablado en multitud de ocasiones y de forma mayoritaria en contra de la Superliga, a través de ligas domésticas, clubes, jugadores, aficionados, instituciones públicas, etc”.
Un argumento que entronca con el razonamiento de la jueza que especifica que “nos encontramos ante un conflicto normativo que afecta al modelo organizativo del fútbol; corresponderá a los intervinientes su modificación y adaptación posterior; ello no determina que sea objeto del procedimiento la autorización de cualquier competición, sino sentar las bases para encauzar un sistema de libre competencia de organización de competiciones de fútbol”.
Por otra parte, a pesar de que durante estos meses se ha difundido la idea de que esta sentencia versaría sobre la autorización o no de la competición europea alternativa de Florentino Pérez, la jueza aclara contundentemente que: “esta juzgadora ya ha expuesto en infinidad de ocasiones, que no se ha solicitado y no se va a resolver sobre la autorización proyecto de la Superliga”.
El Juzgado de lo Mercantil tampoco ha sido ajeno a las modificaciones de la UEFA a las aprobaciones de nuevas competiciones e incluye en su sentencia que “la UEFA en el año 2022 ha modificado la normativa del sistema de autorización previa de forma que se ha “codificado” y completado existente”, que también sigue la línea de lo que hace dictó recientemente el TJUE.
SENTENCIA
Durante estos meses han sido numerosas las voces que se han alzado en contra de un proyecto que, según ellos, perpetúa la participación de unos pocos privilegiados, restringiendo la cima del fútbol europeo a una élite, en lugar de un deporte abierto para todos. Así, desde todas las competiciones domésticas europeas, incluyendo a asociaciones de aficionados, federaciones y muchos clubes, se ha alertado sobre el peligro que supondría la celebración de esta competición.
La omisión de aspectos como la meritocracia deportiva y la solidaridad en el proyecto de Superliga promovido por A22 llevó a todos los países de la Unión Europea (a excepción del Gobierno de España que quedaba a la espera de esta resolución y tras la cual se espera su pronunciamiento oficial) a firmar un documento en defensa del Modelo Europeo del Deporte.
En este sentido, hasta el propio Parlamento Europeo aprobó un informe que abogaba “por un modelo europeo del deporte que reconozca la necesidad de un compromiso sólido con la integración de los principios de solidaridad, sostenibilidad, inclusión, competencia abierta, mérito deportivo y equidad, y, en consecuencia, se opone firmemente a las competiciones escindidas que socavan estos principios y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo en general”.
La puesta en marcha de la Superliga contando solo con los clubes más poderosos, no solo perjudicaría a todas las competiciones nacionales, sino que provocaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos fiscales de las arcas públicas de todo el continente. Solo en España, según un informe de la consultora KPMG, supondría la pérdida de un 55% de los ingresos globales de LALIGA y los Clubes y pondría en riesgo una industria que genera más de 194.000 empleos y 8.390M€ en impuestos al año, lo que supone un 1,44% del PIB.
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